Saltó la liebre

Como si del título de una película se tratase nos encontramos de bruces en Getafe con un nuevo escándalo judicial. “Lo que todo el mundo sabía de Perales, pero muy pocos se atrevieron a publicar” vuelve a escena reconvertido en exclusiva de un periódico de tirada nacional. Y ello a raíz de la querella interpuesta por el ex de PSG David Moreno contra el convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento y un grupo de empresarios entre los que figuran ex concejales socialistas por el que permutaron terrenos rústicos a cambio de edificabilidad para 400 viviendas de renta libre.

El convenio en cuestión, que cerraba una cuerdo a tres bandas, ya que desde el Consistorio se implicó a la Federación Española de Golf para construir en los terrenos permutados un campo de 18 hoyos (el primero de la zona sur madrileña), contó desde el primer momento con la oposición ecologista, colectivos sabedores del daño ambiental que supone una instalación de esas características en el límite con el Parque Regional del Sureste.

Pero, si grave es el daño material a una zona protegida, mucho más podría ser el perjuicio económico que le supondría al municipio si se confirma que los terrenos se vendieron a un precio inferior al de mercado, pues estaríamos hablando de beneficiar a unos pocos a costa del dinero de todos. Y eso es lo que pretende ahora investigar el juez. Si el alcalde Pedro Castro y su Gobierno cometieron algún tipo de ilegalidad.

La admisión de la querella leva implícita la relación de los denunciados, a los que hay que atribuirles desde el comienzo la presunción de inocencia, pues el magistrado ha visto indicios en la denuncia para efectuar la investigación oportuna. Hasta el juzgado ya se han trasladado algunos de los denunciados para recoger la demanda, pero no todos. Ni el alcalde Pedro Castro, ni el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid David Lucas (que figura en el auto por su cargo como concejal de Hacienda de Getafe cuando se firmó el convenio) han permitido que se les hiciese la foto y podrían haber recibido la querella en sus respectivos despachos. Siempre ha habido clases. Otra cosa será el tema de las declaraciones si desde el Juzgado Número 1 de Getafe se sigue adelante con el asunto.

Los populares, que se posicionaron en contra de este acuerdo (se aprobó en Pleno con los votos a favor de PSOE, IU y una concejala del Grupo de No Adscritos, tránsfuga de la coalición) quieren ahora personarse en la causa, argumentando que el convenio podría haber supuesto unas pérdidas de 40 millones de euros para las arcas municipales. Si esto es motivo suficiente para que el juez les permita ser parte, se daría otra vuelta de tuerca al conflicto, pues sería un elemento más de investigación política.

Lo cierto es que desde 2004, cuando el acuerdo comenzó a fraguarse, algunas informaciones y opiniones periodísticas a nivel local ya alertaban de los riesgos del acuerdo y de las presuntas irregularidades cometidas por la Administración, aunque no sirvieron para modificar una decisión política ya tomada.

Ahora, con la intervención de la prensa nacional y el maremoto de querellas, informes, tramas, espionajes, grabaciones… en que se ha visto envuelta nuestra clase política, vuelve a emerger un asunto tan atractivo (informativamente hablando) como delicado para las partes implicadas. Es el turno para que actúe la Justicia.

Getafe se suma a las rebajas

Un cinco por ciento. Esa es la cantidad ofrecida desde la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Getafe, que regenta el hijo del alcalde, David Castro, a quienes domicilien sus recibos del IBI y se comprometan a abonarlos el primer día del plazo fijado para ello, todo con el beneplácito de su padre, el impulsor y ejecutor de la idea.

Así, a simple vista, podría parecer que nuestro Ayuntamiento se ha sumado a las rebajas (más rebajadas que nunca) para subir la empinada cuesta de enero, de febrero, de marzo, de abril… (más cuesta y más empinada que nuca); pero no se llamen a engaños. El slogan, como toda campaña de marketing que se precio, tiene su truco.

Getafe no va a ser la primera localidad que haga este tipo de “ofertas” a sus vecinos. Son ya muchos los municipios que pactan el “pronto pago” a cambio de bonificaciones en el impuesto o tasa correspondiente; eso sí, el abanico de opciones para el beneficio económico suele ser mayor en la mayoría de los casos. Pero el interés en este “descuento” es asegurarse el cobro del impuesto y disponer cuanto antes del dinero, para evitar que afloren los morosos y los insumisos fiscales, algo que se teme, y mucho, el Gobierno municipal.

El lavado de cara que Pedro Castro quiere hacerle al concejal responsable del área económica municipal, y por quien ha pedido ya numerosos favores a algunos de cuantos han tenido que ver en la función pública, política y social del vástago, se hace cada vez más evidente. No en vano el alcalde sabe que en situaciones de debilidad económica, quien más quien menos va a mirar con lupa los destinos de los dineros públicos y el uso que de ellos hacen los políticos. De ahí que, sabiendo que la Concejalía de Hacienda va a ser de nuevo pasto de las incendiarias críticas por el cobro de impuestos y tasas municipales, quiera que su hijo resulte lo menos dañado posible en el envite. A fin de cuentas, es su “herencia” la que está en juego.

Sin embargo, por mucho que Castro quiera maquillar la realidad, la situación es la que es y los números no engañan, como sucede con el algodón (creo recordar que el anterior portavoz popular en Getafe utilizó en algún momento esta frase publicitaria para arremeter contra la política socialista en la ciudad) y con los precios públicos aprobados para el año 2009.

Son numerosas las quejas de vecinos y vecinas por el abusivo incremento de los impuestos municipales. El Impuesto de Bienes Inmuebles (la antigua contribución) va a ser girado este año después de la revisión catastral, efectuada después de diez años sin cambios en pleno boom inmobiliario y económico. Esos precios, que en nada tienen que ver con la situación que vive ahora la sociedad española y, en concreto, la getafense, convierten el recibo del IBI en un castigo para los ciudadanos y ciudadanas de esta cuidad. De ahí que el descuento por “pronto pago” suene a campaña de imagen y no a ayuda efectiva.

Pero hay más. Los precios públicos han subido una media del 40%, tal y como denuncian los usuarios de instalaciones municipales. El disfrutar de un baño en la piscina climatizada sale ahora por un pico y no digamos del alquiler de dependencias deportivas, sociales o culturales. Un nuevo atentado contra la maltrecha economía doméstica.

El mayor de los problemas de quienes aúpan a los políticos a sus sillones de mando es el bolsillo. Por ello Pedro Castro quiere empezar a mover la maquinaria para “vender” el cobro de tributos como si se tratase de un mensaje de ayuda al vecino en momentos de crisis; aunque me da a mí que en esta ocasión emisor y receptor no sintonizan la misma frecuencia. Tiempo al tiempo.